20/03/2017

Argentina

La criminalización de la protesta en Jujuy denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organizaciones sindicales y sociales, entre ellas el CELS, exigieron que el Gobierno se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos. El macrismo tuvo que dar explicaciones. La situación de Milagro Sala.
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Verbitsky sostuvo que el caso de Milagro Sala es una expresión de la crisis que afecta a toda la provincia. Foto @CELS_Argentina

Líderes gremiales y sociales de Jujuy denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intensificación de la persecusión y criminalización del derecho a la protesta que sufren por parte del gobierno jujeño de Gerardo Morales y exigieron que se exhorte al Gobierno nacional a que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.


El Estado argentino fue convocado para dar respuesta a los planteos realizados por las organizaciones peticionantes que sostuvieron que en esa provincia se utilizan los procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Esta generalizada persecución de organizaciones y referentes se realiza a través de causas judiciales, de represión de manifestaciones públicas, de detenciones arbitrarias, multas, clausura de locales, entre otras respuestas estatales violatorias de derechos, sostiene un comincado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) una de las entidades participantes.


Los gobierno nacional y provincial tuvieron que responder sobre la situación en Jujuy ante la CIDH, en Washington, en la audiencia denominada "Represión en Jujuy". Los encargados de representar al Estado fueron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, que destacaron el trabajo conjunto y defendieron la aplicación del código contravencional contra los referentes sociales, las causas judiciales contra organizaciones y sindicatos, y priorizaron el derecho a la circulación en rutas y calles sobre el derecho a la protesta, sobre lo que recibieron advertencias por parte de los integrantes de la CIDH.


La grave crisis en la provincia fue denunciada por los sindicatos azucareros, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el CELS. "La detención arbitraria de Milagro Sala es parte de una situación global", precisó Horacio Verbitsky, titular del CELS.


"Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional", advirtió Verbitsky durante la exposición de los peticionantes.


Los representantes del Estado no respondieron a las objeciones. En cambio, el representante de la provincia de Jujuy reconoció que el estado jujeño impulsó nueve procesos contra personas que estaban ejerciendo el derecho a la protesta. El fiscal de Estado jujeño resaltó que el código contravencional provincial --aprobado durante el gobierno del peronista Eduardo Fellner-- "no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión", pero lo contrapuso a un "ejercicio abusivo de derecho". Miranda calificó como "aparente derecho de protestar" y "ejercicio ilegítimo de la protesta" la manifestación de la Red de Organizaciones Sociales en la Plaza Belgrano a fines de 2015 y principios de 2016 --que finalizó con la detención de Milagro Sala-- y el bloqueo de la ruta nacional 34 por parte de los sindicatos azucareros a mediados del año pasado. Miranda justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como "un sitio al centro de la Ciudad".


"La protesta social y sindical no puede permitir la comisión de delitos respecto del resto de la población. El derecho no tiene carácter absoluto y, en exceso, viola otros derechos", fueron los conceptos defendidos por Miranda.


Miranda también sostuvo las denuncias contra la Red Organizaciones Sociales a la que calificó de "intermediaria" con los cooperativas de trabajo en Jujuy, señaló las "sospechas de corrupción", y sostuvo que los decretos firmados por Morales "les devolvieron la dignidad a los cooperativistas" que debieron reinscribirse para recibir beneficios. "En ningún caso se ha hostigado. El imperativo legal corresponde a los jueces sobre el cual el gobierno provincial no ejerce influencia alguna", sostuvo Miranda, a pesar de las denuncias sobre la influencia directa de Morales sobre el Poder Judicial.


En diciembre de 2015, la red de organizaciones sociales resolvió en asamblea esperar la respuesta del gobierno con un acampe. El gobierno respondió con la aplicación del Código Contravencional y denunció a las organizaciones y sus dirigentes, promovió acciones penales y denunció al fiscal de turno por no ordenar el desalojo por la fuerza de los miles de manifestantes, dictó un decreto por el que suspendió la personería de la principal organización social, detuvo a los dirigentes que continuaron con la protesta, aplicó multas, suspendió derechos civiles y democráticos, entre otras medidas.


Elena Chaves, de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), remarcó las vulneraciones del derecho a la protesta social que habilita el Código Contravencional jujeño. De acuerdo con esa norma, se puede sancionar cualquier manifestación en la calle, en una avenida o en una ruta porque penaliza la ocupación del espacio público y que se obstaculice la circulación vehicular. La falta de precisión de la norma deja un amplio margen de discrecionalidad. De este modo, la protesta puede tener consecuencias contravencionales contra la organización: multas, clausuras, decomiso de bienes, entre otras.


Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, observó que, en el marco del respeto al derecho a la protesta y la libertad de expresión, el espacio y el tiempo son "sustantivos" porque condicionar los lugares y extensión de las protestas "también son prohibiciones". Lanza recordó que no se consideró ilegal el corte por más de dos años del puente internacional San Martín, durante las protestas contra la pastera Botnia, y aconsejó que el Código Contravencional que "puede convertir en ilegal" una protesta sea puesto a consideración. "Cortar una calle o una ruta forma parte de la consideración del derecho a la protesta, no se transforma en ilegal", insistió Lanza.


El vocero destacó que la protesta no puede convertirse en un enunciado teórico: el respeto de la libertad de expresión no debe escindirse de su materialidad –ya sea porque se prohíbe la manifestación en determinado lugar o se permite por determinadas horas, bajo amenaza de ilegalidad. También afirmó que desde el punto de vista de los estándares internacionales las protestas no se transforman automáticamente en ilegales por el hecho de que haya un corte de ruta o de calle.


Por otra parte, a partir de los relatos sobre la quita de personerías a algunas organizaciones y la aplicación de multas, Lanza y la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño mostraron su preocupación sobre la vigencia de la libertad de asociación en la provincia.


En la audiencia además se tocó la polémica por la situación de Milagro Sala, aun cuando el caso estaba fuera de agenda. 

El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj llegó a Washington con un mensaje: la Casa Rosada no tiene "ningún interés" en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios "de un estado de derechos". Esa garantía, dijo, no ha sido violada en Jujuy.


"El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente", agregó Avruj, tras la audiencia, en diálogo con la prensa argentina.


En tanto, los organismos de derechos humanos encabezados por Verbitsky plantearon una situación antagónica: dijeron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una "intolerable persecución" por parte del gobernador Morales, aliado de la Casa Rosada.


"En Jujuy, la constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema", dijo Verbitsky.


El CELS solicitó a la CIDH una medida cautelar para presionar por la liberación de la líder de Tupac Amaru, pero, aun si el organismo multilateral la otorga, el cumplimiento de esa medida depende en última instancia de la Argentina. El nombre de Sala despuntó recién en la audiencia cuando uno de los comisionados, Paulo Vannuchi, agradeció que no se la mencionara.


El periodista y titular del CELS señaló que en Jujuy "la privación de derechos civiles y políticos absolutamente inconstitucional y anticonvencional se ha aplicado a quienes protestan". Destacó que esta situación es “un problema es general en toda la provincia” y que la detención arbitraria de Milagro Sala es una expresión de este escenario. Hizo hincapié en el doble discurso del gobierno, cuyos representantes afirmaron en la audiencia que se le "devolvió la dignidad a los cooperativistas" que participaron del acampe en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, cuando en realidad se los intimó a abandonar el lugar bajo amenaza de retirarles la personería y la posibilidad de su participación en planes sociales y de vivienda. (Página 12, La Nación, CELS)




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